On May 24, 2016, Colombia’s Minister of Health, Alejandro Gaviria, made an intervention at the World Health Assembly that referred to the pressure Colombia has been facing with regard to the potential compulsory license for imatinib [1] and called for the WHO to support members to ensure sustainable development through the regulation of pharmaceutical monopolies and promoting competition, transparency, and the rational use of drugs.
The intervention describes various instruments used by Colombia to combat high drug pricing, including removing unncessary barriers for biosimilar entry, and their fight over imatinib, while giving an honest assessment of the ability of high drug prices and pressures to thwart such efforts. “Muchas agencias multilaterales, incluida la OMS, han instado a los Estados miembros a usar estas flexibilidades. Pero en la práctica los obstáculos son muchos.”
The intervention closes with a plea based on Colombia’s experience:
Quiero plantearle a esta Asamblea un mensaje sencillo, producto de la experiencia reciente de mi país. La presión tecnológica y los altos precios de los medicamentos pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la construcción de equidad. La OMS debe apoyar a los Estados miembros en su búsqueda de la sostenibilidad mediante instrumentos técnicos: la regulación de los mercados monopólicos, la promoción de la competencia, la transparencia y el uso racional de medicamentos. Para nosotros, lo digo sin grandilocuencias innecesarias, este apoyo es fundamental para garantizar el desarrollo sostenible.
(Translation: I want to put to this Assembly a simple message, a product of the recent experience of my country. Technological pressure and high drug prices can jeopardize the achievement of the objectives of sustainable development and building equity. WHO should support Member States in their pursuit of sustainability through technical instruments: regulation of monopoly markets, promote competition, transparency and rational use of drugs. For us, I say without unnecessary grandstanding, this support is essential to ensure sustainable development.)
Video of the intervention was tweeted via the Colombian Ministry of Health:
Palabras pronunciadas por MinSalud @agaviriau [2] en la #WHA69 [3] en Ginebra (Suiza). https://t.co/YkoJMysorh [4]
— MinSalud (@MinSaludCol) May 24, 2016 [5]
The full text of the speech, in Spanish, is available here [6], and copied below:
Ginebra, 23 de mayo de 2016.- Quiero comenzar con un mensaje optimista. Vivimos un buen momento para el mundo. En el último año la comunidad global logró importantes acuerdos con respecto al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres y la agenda 2030 sobre desarrollo sostenible. Pero los desafíos pendientes son muchos. El virus del zika ha puesto en evidencia las consecuencias adversas del cambio climático y la fragilidad de nuestros sistemas de salud. Pero hoy quiero centrarme en otro desafío: la creciente importancia de las enfermedades crónicas no transmisibles y los problemas de sostenibilidad asociados al acceso a tecnologías.
Colombia, como muchos otros países, tanto desarrollados como en desarrollo, ha definido la salud como un derecho humano fundamental, lo que significa, en esencia, que el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos esenciales es una obligación del Estado y una cuestión de justicia y dignidad humana.
Los objetivos de desarrollo sostenible señalan de manera explícita que todos los Estados miembros, sin excepción alguna, deben avanzar hacia “la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras”.
Este es un objetivo ambicioso que necesita tiempo, voluntad colectiva y determinación política. Durante las últimas décadas, Colombia ha avanzado con éxito en la búsqueda de la cobertura universal, el acceso equitativo y la protección financiera. La cobertura universal es casi un objetivo cumplido. Los avances en protección financiera han sido más profundos que en la mayoría de los países en desarrollo. En teoría, al menos, todos los colombianos tienen acceso a medicamentos esenciales, incluidos muchos medicamentos biotecnológicos de alto costo.
El camino no ha sido fácil. Todo lo contrario. Y será aún más difícil en los años por venir. Nuestras clases –Colombia duplicó su clase media en los últimos quince años– aspiran a tener el mismo acceso a servicios de calidad y nuevos medicamentos que sus contrapartes del mundo desarrollado. La industria farmacéutica ha discriminado en contra de algunos países de ingreso medio: en Colombia hemos pagado en promedio precios más altos que en Europa. La judicialización ha impedido la incorporación ordenada de las nuevas tecnologías. En suma, la presión tecnológica y los altos precios de los medicamentos son una amenaza cierta para la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Los sistemas de salud insostenibles son también sistemas de salud injustos.
Colombia cuenta con algunos instrumentos para hacer frente a este problema. Hemos combatido, por ejemplo, la discriminación por medio de instrumentos regulatorios basados en la referenciación internacional de precios. Hemos eliminado algunas barreras de entrada innecesarias a la comercialización de medicamentos biosimilares. Hemos fortalecido nuestra capacidad técnica para la evaluación de tecnologías en salud. Y hemos promovido el uso racional de medicamentos, la transparencia en las relaciones con la industria farmacéutica y el pago por valor.
Pero estos instrumentos no siempre son suficientes dada la magnitud del problema. Dentro de los instrumentos disponibles están también las llamadas flexibilidades a los acuerdos sobre propiedad intelectual. Muchas agencias multilaterales, incluida la OMS, han instado a los Estados miembros a usar estas flexibilidades. Pero en la práctica los obstáculos son muchos.
Así lo muestra nuestra experiencia reciente. Hace más de un año, por solicitud de la sociedad civil, el Ministerio de Salud de Colombia inició un proceso de declaración de interés público para un medicamento de alto costo, el imatinib. El proceso ha estado acompañado de un gran debate internacional y también, quiero decirlo claramente, de algunas presiones. A la luz de nuestra experiencia resulta claro que las flexibilidades existen en la teoría de los tratados y los pronunciamientos multilaterales. Pero en la práctica son difíciles de aplicar.
Quiero plantearle a esta Asamblea un mensaje sencillo, producto de la experiencia reciente de mi país. La presión tecnológica y los altos precios de los medicamentos pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la construcción de equidad. La OMS debe apoyar a los Estados miembros en su búsqueda de la sostenibilidad mediante instrumentos técnicos: la regulación de los mercados monopólicos, la promoción de la competencia, la transparencia y el uso racional de medicamentos. Para nosotros, lo digo sin grandilocuencias innecesarias, este apoyo es fundamental para garantizar el desarrollo sostenible.
Muchas gracias.